Como está el asunto de los códigos abiertos alrededor del mundo.
Las nuevas perspectivas mundiales en la computación y el software libre
Camil Zamora
Si el señor Bill Gates alguna vez hubiese pensado que el mundo se rebelara en su contra, quizás habría dedicado su tiempo y su dinero a otro tipo de industria. Y es que el gran negocio de la producción de programas de computación puede estar dando un giro de 180 grados. Esto es lo que se puede concluir tras conocer la fuerza que está tomando en el mundo el desarrollo de los programas libres o de código abierto.
Cada vez más países están adoptando legislaciones que benefician la producción, adquisición y desarrollo de los programas de código abierto. De Perú a Finlandia y de China a Brasil las legislaciones impulsadas por nuevos gobernantes apuntan la inversión del sector público en programas de computación menos costosos, pero especialmente moldeables a las necesidades particulares de cada región, municipio, oficina o funcionario.
Cuando hablamos de un programa de código abierto nos referimos a aquellos software que publican su composición para que el usuario haga los cambios que crea pertinentes o repare los errores. Además, estos programas permiten la copia entre usuarios y su adquisición es más barata, o incluso gratuita. Sin embargo, al hablar de programas de código secreto nos referimos a aquellos programas cuya estructura o funcionamiento lo conoce solamente la empresa productora y lo mantiene bajo secreto a través de códigos. Es casi imposible realizar cualquier cambio en estos programas y su copia esta terminantemente prohibida.
Hasta la fecha el uso del programa propietario, o de código secreto, ha dominado el ambiente informático mundial y la mentalidad de los usuarios. La concepción individualista por medio de la cual la empresa productora es la dueña del programa y la única capacitada para modificarlo y que el usuario es incapaz de copiarlo, compartirlo o adaptarlo a las necesidades de su comunidad, responden a una visión individualista muy característica del sistema económico mundial. Según miembros de la Fundación del Software Libre, las grandes empresas productoras de programas de computación basan el modelo en la afirmación Si usted comparte con su vecino es usted un pirata. Si desea algún cambio, ruéguenos para que lo hagamos nosotros. Esta es una concepción que impide una comunidad cooperativa y muchas veces concebir algo diferente es difícil ya que hemos sido mentalizados con este modelo. La fundación afirma que es difícil reconocer que los copyright no son más que monopolios artificiales promovidos por el estado y que copiar es el verdadero derecho natural de los humanos.
Al hablar del software libre nos referimos no a la libertad de precio que en algunos casos se expresa a través de productos gratuitos; nos referimos principalmente a cuatro componentes:
∑ La libertad de usar el programa con cualquier propósito.
∑ La libertad de estudiar el programa y adaptarlo a las necesidades, esto significa el acceso al código fuente.
∑ La libertad de distribuir copias.
∑ La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras para beneficiar a la comunidad.
Estas cuatro libertades no son más que la ratificación de las libertades constitucionales de cada individuo y la soberanía de cada país.
El ejemplo más claro en la competencia entre programas de código abierto y de código secreto son los sistemas operativos Linux y Windows, el primero, de código abierto y el segundo de código secreto. Esta es una competencia en el mercado entre dos sistemas totalmente diferentes en concepción, puesto que Linux es impulsado por la también gigantesca IBM. Sin embargo, Microsoft es hasta ahora la gran ganadora, ya que controla aproximadamente el 94% de los software de computadoras personales. Estos números están muy propensos a cambiar. Cada vez son más países los que enfilan sus esfuerzos hacia inversiones menos costosas y más adecuadas.
Perú en la defensa de la soberanía
Uno de los casos más significativos es el de Perú, en donde un proyecto de ley sobre el software libre en la administración pública provocó la reacción del representante de Microsoft en este país, Juan Alberto Gonzáles, quien a través de una carta al congresista Edgar Villanueva Núñez mostró su preocupación por el impacto que esta iniciativa iba a tener en la industria informática nacional e internacional.
En la misiva el Gerente General de la reconocida marca arremete contra los programas de código abierto acusándolos de ser un peligro para la seguridad nacional, caros, de poca garantía y de haber sido un fracaso en otros países como México, entre otras cosas. La respuesta del congresista Villanueva (ver anexo) refuta, una por una, las falsas afirmaciones del representante de Microsoft. Según el parlamentario, los programas de código abierto son la mejor manera de llegar al público y de preservar los datos puesto que no están ligados a un proveedor único y la utilización, mantenimiento y actualización del sistema no dependen de la buena voluntad del proveedor ni de las condiciones monopólicas impuestas por estos.
Según Villanueva, es necesario legislar en torno a la implementación de programas de código abierto para garantizar la igualdad ente la ley y por otro lado, para evitar las grandes deficiencias que los programas propietarios han implicado en el cumplimiento de las funciones del estado ante los ciudadanos. Entre otros casos menciona el de la seguridad nacional, en donde los bugs, o errores en los programas, se hace imposible reparar en el software de código secreto, y sin embargo muy fáciles de enmendar en el sistema de código abierto.
De hecho el proyecto de ley peruana está basado en una visión similar a la que dio origen a los programas de código abierto y es que el ciudadano tiene derecho a conocer toda la información del estado, sin que esto vaya en detrimento de la seguridad nacional.
Argentina una migración necesaria al código abierto
Este segundo país suramericano actualmente debate un proyecto de ley en el congreso que haría mandatario el uso y la migración a los programas de código abierto. Los impulsores del proyecto reconocen los altos costos en los que ha caído el país a causa del uso de programas de código secreto.
Según se plantea en la ley, la adquisición de programas libres implicará también la única contratación y adquisición de estos sistemas. En el documento se invita a las universidades públicas, gobernaciones y municipalidades a adherirse a la iniciativa.
Brasil: nuevo gobierno, nuevo sistema
Toda llegada de un nuevo gobierno implica cambios y nuevos proyectos. En el caso brasilero los nuevos proyectos no pueden dejar de un lado el tema informático. Lula da Silva tiene claro el software libre será una herramienta para reducir el gasto público, así como un medio para estar más a tono con las tendencias mundiales. Según el coordinador del gobierno del Proyecto Software Libre Río Grande do Sur, Marcelo Branco, el nuevo gobierno dará preferencia al uso del software libre en la administración federal. Esto no significa aislamiento, sino un franco intercambio de negocios y de tecnología con el mundo, pero en condiciones de igualdad.
Desde el punto de vista de la balanza comercial, el proyecto muestra grandes potencialidades. Brasil importa por año aproximadamente mil millones de dólares en licencias de software propietario, el doble del presupuesto anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El proyecto no es algo nuevo, en el mismo Brasil ya hay buenas experiencias de cambio a software de códigos abiertos, por ejemplo, en el municipio de São Paulo se ahorraron en un año 135 mil dólares gracias al uso de software libres.
La preocupación de las grandes empresas productoras de software se ha hecho sentir y ha sido el mismo Bill Gates el que ha girado una invitación personal al presidente electo brasilero para asistir a una reunión con representantes de Intel, HP y Microsoft, entre otras, y dar a conocer su punto de vista acerca de los programas de código abierto.
China y una industria propia de la informática
El crecimiento inesperado del sistema operativo Linux en el país más poblado del mundo ha despertado el interés de analistas en la región. Según especialistas de IDC, el código abierto ha facilitado la entrada y aceptación de Linux. De hecho, el gobierno chino rechazó una oferta de Microsoft para la adquisición de programas para el sector público, y prefirió optar por productores nacionales, muchos de los cuales trabajan bajo el sistema Linux.
Según analistas, China está interesada en levantar su propia industria del software, y el sistema de código abierto les permite un inicio mucho menos complicado. De hecho ya hay importantes avances, la Academia de Ciencias China creó, con base a Linux, el soporte denominado Linux Bandera Roja OS que no es más que la adaptación de este programa a las necesidades concretas de los usuarios en esta región del mundo.
Alemania, el Ministro del Interior ya decidió
La decisión del Ministro del Interior alemán Otto Schilly de cambiar los sistemas operativos en las computadoras del sector público a código abierto ha dado un gran respaldo a las tendencias mundiales en este sentido. El ministro firmó a mediados del año pasado un contrato con IBM para proveer computadoras al sector público alemán, las cuales estarán basadas en Linux y no en Windows. Dos razones prioritarias para el cambio: recortar costos y mayor seguridad ya que evitamos el monopolio y disminuimos la dependencia en un solo sistema afirma el funcionario. A esto se suma el propósito de crear diversidad en el campo de la computación.
Y podríamos seguir enumerando casos de países como Pakistán, Turquía, Finlandia que le han dado el visto bueno a los programas de código abierto, experiencias hay muchas incluso en gobiernos locales como el caso de Extremadura en España, en donde se abandonó Windows a favor de Linux.
Las intenciones de los gobernantes por cambiar a estos sistemas más moldeables y seguros responde sólo al mandato de gobernar de la mejor manera que los ciudadanos han depositado. Con más seguridad, menos costos y mejor facilidad en el manejo de la información es casi imposible negar la ventaja que tienen los programas de código abierto sobre los de código cerrado. El cambio de sistema acarrea además un cambio drástico en las condiciones de comercio e intercambio mundial de bienes. Y puede ser la industria de la computación la que lleve la delantera en este campo al modificar el monopolio del copyright y abrir los productos a nuevas dimensiones en el manejo de los usuarios.
¿Cuál es el futuro de las grandes marcas que patentan los software? Por el momento están luchando con sus mejores armas (influencias políticas, mentiras, engaño a la opinión pública, y todo lo que el dinero puede hacer) para que los cambios no se produzcan, pero mientras estos sigan avanzando se verán en la necesidad de cambiar su modelo por un modelo más flexible que les permita continuar existiendo.
Anexo
La carta de respuesta que le envía el congresista peruano Edgard David Villanueva al gerente de Microsoft, Juan Alberto González, es uno de los documentos más importantes en la disputa entre los dos sistemas de programación en computadoras, y es también una muestra de lo que esta disputa ha significado en el campo político. Cabe mencionar que a la carta del congresista le siguieron otras cartas entre ellas una del embajador norteamericano en Perú, respaldando la posición de Microsoft. Nosotros presentamos un resumen de la misiva.
Lima, 08 de Abril del 2002.
Estimado Señor.
Ante todo, agradezco su carta del 25 de Marzo del 2002 donde manifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al Proyecto de Ley Nú 1609, Software Libre en la Administración Pública, que sin duda se halla inspirada en el deseo de que el Perú logre situarse adecuadamente en el contexto tecnológico global. Animado de ese mismo espíritu y convencido de que a través del intercambio de ideas claras y abiertas hemos de encontrar las mejores soluciones, me permito contestar mediante la presente los comentarios incluidos en su carta
Los principios elementales que animan al Proyecto se vinculan a las garantías básicas de un Estado democrático de derecho, como:
∑ Libre acceso del ciudadano a la información pública.
∑ Perennidad de los datos públicos.
∑ Seguridad del Estado y de los ciudadanos.
Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la creación de software libre compatible.
Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por éstos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibilidad del código fuente.
Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran número de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con código espía.
Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información manejada por el estado, cuanto en su condición de consumidores. En este ultimo caso, al permitir el surgimiento de una oferta extensa de software libre desprovisto de potencial código espía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales
En primer lugar, señala que: 1. El proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente software libre, es decir de código abierto, lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la constitución..
Esta apreciación constituye un error. De ningún modo el proyecto afecta los derechos que Ud. enumera; sólo se limita a establecer condiciones para el empleo del software por parte de las instituciones estatales, sin inmiscuirse en modo alguno en las transacciones del sector privado. Es un principio bien establecido que el Estado no tiene el amplio espectro de libertad contractual del sector privado, pues precisamente esta limitado en su accionar por el deber de transparencia de los actos públicos; y en ese sentido, la preservación del mejor interés común debe prevalecer cuando se legisla sobre la materia.
El Proyecto protege la igualdad ante la Ley, pues ninguna persona natural o jurídica esta excluida del derecho de ofrecer estos bienes al Estado en las condiciones fijadas en el Proyecto y sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (T.U.O. por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM)
Agrega Ud.: 3. Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de negocios que apoyaría exclusivamente el software de código abierto, el proyecto sólo estaría desalentando a las compañías fabricantes locales e internacionales que son las que verdaderamente realizan importantes inversiones, crean un significativo número de puestos de empleos directos e indirectos, además de contribuir al PBI vs. Un modelo de software de código abierto que tiende a tener un impacto económico cada vez menor debido a que crea principalmente empleos en servicio.
No estoy de acuerdo con lo que Ud. afirma. En parte por lo que Ud. mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto del peso relativo de los servicios en el contexto del uso de software. Esta contradicción, de por sí, invalidaría su postura. El modelo de servicios, adoptado por gran número de corporaciones en la industria informática, es mucho más significativo, en términos económicos y con tendencia creciente, que el licenciamiento de programas.
Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la más amplia libertad para elegir el modelo económico que mas convenga a sus intereses, aunque esta libertad de elección quede muchas veces oscurecida de manera subliminal por las desproporcionadas inversiones en marketing de los productores de software propietario.
Prosigue su carta: 4. El proyecto de ley impone el uso de software de código abierto sin considerar los peligros que esto pueda conllevar desde el punto de vista de seguridad, garantía y posible violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Aludir de forma abstracta los peligros que pueda conllevar, sin especificar siquiera una sola instancia de esos supuestos peligros, denota cuando menos un desconocimiento del tema. Así, pues, permítame ilustrarlo sobre estos puntos.
Sobre seguridad: Resulta imposible probar es que el software propietario sea más seguro que el libre, salvo mediante el escrutinio publico y abierto de la comunidad científica y los usuarios en general. Esta demostración es imposible porque el propio modelo del software propietario impide este análisis, con lo que la garantía de seguridad se basa en la palabra bienintencionada (pero a todas luces parcial) del propio productor o sus contratistas.
Respecto a garantía:
Como Ud. sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el End User License Agreement de los productos que licencia, en la amplísima mayoría de los casos, las garantías están limitadas a la reposición del medio de almacenamiento si este fuera defectuoso, pero en ningún caso se prevén compensaciones por daños directos o indirectos, lucro cesante, etc.. Si como consecuencia de un bug de seguridad en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por Uds., un atacante comprometiera sistemas cruciales para el Estado: ?que garantías, reparaciones y compensaciones proporcionaría su empresa de acuerdo con sus condiciones de licenciamiento?
Sobre la propiedad intelectual: Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del ámbito en este proyecto, pues se encuentran amparadas por otras leyes específicas. El modelo de software libre no implica en modo alguno desconocer estas leyes y de hecho, la amplísima mayoría del software libre está amparado por el copyright
Afirma luego que: 7. Uno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley es la supuesta gratuidad del software de código abierto, comparado con los costos del software comercial, sin tener en cuenta que existen modalidades de licenciamiento por volumen que pueden ser sumamente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros países. He puntualizado ya que lo que está en cuestión no es el costo del software, sino los principios de libertad de información, accesibilidad y seguridad. Estos argumentos se han tratado de manera extensa en párrafos anteriores, por lo que estimaré remitirse a ellos.
Prosigue: 8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyecto (i) es claramente más costosa por los altos costos que supone una migración y (ii) pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que existen de software de código abierto en
el mercado. Analicemos su afirmación en dos partes. Su primer argumento, el de que la migración supone altos costos es en realidad un argumento en favor del Proyecto. Porque cuanto más tiempo transcurra la migración a otra tecnología esta se tornará mas onerosa; y al mismo tiempo se irán incrementando los riesgos de seguridad asociados con el software propietario. De esta manera, el uso de sistemas y formatos propietarios va haciendo que el Estado se vuelva cada vez más dependiente de proveedores determinados. Por el contrario, una vez implantada la política de uso de software libre (implantación que, es cierto, implica un costo), la migración de un sistema a otro se hace muy sencilla, ya que todos los datos están almacenados en formatos abiertos. Por otra parte, la migración a un entorno de software abierto no implica más costos que la misma entre entornos distintos de software propietario, con lo que su argumento se invalida totalmente.
El segundo argumento refiere a dificultades de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado. Esta afirmación implica un cierto desconocimiento de los mecanismos de construcción de software libre, en el que no se maximiza la dependencia del usuario respecto de una plataforma determinada, como sucede habitualmente en el campo del software propietario. Aun cuando existen múltiples distribuciones de software libre, y numerosos programas susceptibles de ser empleados para una misma función, la interoperabilidad queda garantizada tanto por el empleo de formatos estándar, exigido en el proyecto, como por la posibilidad de construir software interoperable a partir de la disponibilidad del código fuente.
Dice luego que: 9. El software de código abierto en su mayoría no ofrece los niveles de servicio adecuados ni la garantía de fabricantes reconocidos para lograr mayor productividad por parte de los usuarios, lo cual ha motivado que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su decisión de ir por una solución de software de código abierto y se encuentren utilizando software comercial en su lugar. Esta observación es infundada. Respecto de la garantía su argumento ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4. Respecto de los servicios de soporte, es posible usar software libre sin ellos (así como sucede también con el software propietario) pero quienes los requieran pueden adquirir soporte por separado, tanto de empresas locales cuanto de corporaciones internacionales, también como en el caso de software propietario.
Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que nos informase acerca de proyectos de software libre implantados en entidades públicas, que a la fecha hayan sido abandonados en favor del software propietario. Conocemos un buen número de casos en el sentido inverso, pero carecemos de información respecto de casos en el sentido que Ud. expone
Prosigue Ud. diciendo que: 11. El software de código abierto, al poder ser distribuido gratuitamente, tampoco permite generar ingresos para sus desarrolladores por medio de la exportación. De esta forma, se debilita el efecto multiplicador de la venta de software a otros países y por lo tanto el crecimiento de esta industria, cuando contrariamente las normas de un Gobierno deben estimular la industria local. Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento total de los mecanismos y el mercado del software libre. Intenta aseverar que el mercado de cesión de derechos no exclusivos de uso a titulo oneroso (venta de licencias) es el único posible para la industria informática cuando, como Ud. mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni siquiera es el más importante. El incentivo que el proyecto presenta al surgimiento de una oferta de profesionales más calificados, en conjunto con el incremento de experiencia que resultará para los técnicos nacionales el trabajar a gran escala con software libre en el Estado, los colocan en una posición altamente competitiva para brindar sus servicios al extranjero
Finaliza Ud. con una pregunta retórica: 13. Si el software de código abierto satisface todos lo requerimientos de las entidades del Estado _por que se requiere de una Ley para adoptarlo? _No debería ser el mercado el que decida libremente cuáles son los productos que le dan más beneficios o valor?. Estamos de acuerdo que en el sector privado de la economía, es el mercado quien debe decidir que productos usar y allí no sería admisible ninguna intromisión estatal. Pero en el caso del sector público, el razonamiento no es el mismo: Como ya establecimos el Estado almacena, manipula y transforma información que no le pertenece, sino que la ha sido confiada por los ciudadanos que, por imperio de la ley, no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas para salvaguardar la integridad, confidencialidad y accesibilidad de esa informaciones. El empleo de software propietario arroja serias dudas sobre el cumplimiento de estos atributos, a falta de evidencia concluyente al respecto y por lo tanto no es apto para ser usado en el sector público.
La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la materialización de los principios fundamentales antes enunciados en el campo específico del software. Por otro, en el hecho de que el Estado no es una entidad ideal homogénea, sino que esta compuesto de múltiples organismos con diversos grados de autonomía de decisiones. Dado que el software propietario es inapropiado para ser empleado, el hecho de establecer estas reglas en la ley impediría que la decisión discrecional de cualquier funcionario ponga en riesgo la información que pertenece a los ciudadanos. Y, sobre todo, porque constituye una reafirmación actualizada en relación con los medios de tratamiento y comunicación de información empleados hoy en día, sobre el principio republicano de publicidad.
Conforme a este principio universalmente aceptado, el ciudadano tiene derecho a conocer toda información en poder del Estado que no esté amparada en una declaración fundada de secreto conforme a la ley. Ahora bien, el software trata información y es en sí mismo información. Información en formato especial, susceptible de ser interpretada por una máquina para ejecutar acciones, pero sin duda información crucial porque el ciudadano tiene legítimo derecho a saber, por ejemplo, como se computa su voto o se calculan sus impuestos. Y para ello, debe poder acceder libremente al código fuente y probar a su satisfacción los programas que se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de sus impuestos.
Saludo a Ud. con las expresiones de mi mayor consideración, reiterando que mi despacho siempre estará abierto a que expongan sus puntos de vista al detalle que Ud. crea conveniente. Atentamente, Dr Edgar David Villanueva Núñez, Congresista de la República del Perú.n
Camil Zamora es periodista Salvadoreño, casado y radicado en Inglaterra. Ha trabajado en radio y televisión y ha escrito para revistas y periódicos como freelance.
Camil Zamora
Si el señor Bill Gates alguna vez hubiese pensado que el mundo se rebelara en su contra, quizás habría dedicado su tiempo y su dinero a otro tipo de industria. Y es que el gran negocio de la producción de programas de computación puede estar dando un giro de 180 grados. Esto es lo que se puede concluir tras conocer la fuerza que está tomando en el mundo el desarrollo de los programas libres o de código abierto.
Cada vez más países están adoptando legislaciones que benefician la producción, adquisición y desarrollo de los programas de código abierto. De Perú a Finlandia y de China a Brasil las legislaciones impulsadas por nuevos gobernantes apuntan la inversión del sector público en programas de computación menos costosos, pero especialmente moldeables a las necesidades particulares de cada región, municipio, oficina o funcionario.
Cuando hablamos de un programa de código abierto nos referimos a aquellos software que publican su composición para que el usuario haga los cambios que crea pertinentes o repare los errores. Además, estos programas permiten la copia entre usuarios y su adquisición es más barata, o incluso gratuita. Sin embargo, al hablar de programas de código secreto nos referimos a aquellos programas cuya estructura o funcionamiento lo conoce solamente la empresa productora y lo mantiene bajo secreto a través de códigos. Es casi imposible realizar cualquier cambio en estos programas y su copia esta terminantemente prohibida.
Hasta la fecha el uso del programa propietario, o de código secreto, ha dominado el ambiente informático mundial y la mentalidad de los usuarios. La concepción individualista por medio de la cual la empresa productora es la dueña del programa y la única capacitada para modificarlo y que el usuario es incapaz de copiarlo, compartirlo o adaptarlo a las necesidades de su comunidad, responden a una visión individualista muy característica del sistema económico mundial. Según miembros de la Fundación del Software Libre, las grandes empresas productoras de programas de computación basan el modelo en la afirmación Si usted comparte con su vecino es usted un pirata. Si desea algún cambio, ruéguenos para que lo hagamos nosotros. Esta es una concepción que impide una comunidad cooperativa y muchas veces concebir algo diferente es difícil ya que hemos sido mentalizados con este modelo. La fundación afirma que es difícil reconocer que los copyright no son más que monopolios artificiales promovidos por el estado y que copiar es el verdadero derecho natural de los humanos.
Al hablar del software libre nos referimos no a la libertad de precio que en algunos casos se expresa a través de productos gratuitos; nos referimos principalmente a cuatro componentes:
∑ La libertad de usar el programa con cualquier propósito.
∑ La libertad de estudiar el programa y adaptarlo a las necesidades, esto significa el acceso al código fuente.
∑ La libertad de distribuir copias.
∑ La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras para beneficiar a la comunidad.
Estas cuatro libertades no son más que la ratificación de las libertades constitucionales de cada individuo y la soberanía de cada país.
El ejemplo más claro en la competencia entre programas de código abierto y de código secreto son los sistemas operativos Linux y Windows, el primero, de código abierto y el segundo de código secreto. Esta es una competencia en el mercado entre dos sistemas totalmente diferentes en concepción, puesto que Linux es impulsado por la también gigantesca IBM. Sin embargo, Microsoft es hasta ahora la gran ganadora, ya que controla aproximadamente el 94% de los software de computadoras personales. Estos números están muy propensos a cambiar. Cada vez son más países los que enfilan sus esfuerzos hacia inversiones menos costosas y más adecuadas.
Perú en la defensa de la soberanía
Uno de los casos más significativos es el de Perú, en donde un proyecto de ley sobre el software libre en la administración pública provocó la reacción del representante de Microsoft en este país, Juan Alberto Gonzáles, quien a través de una carta al congresista Edgar Villanueva Núñez mostró su preocupación por el impacto que esta iniciativa iba a tener en la industria informática nacional e internacional.
En la misiva el Gerente General de la reconocida marca arremete contra los programas de código abierto acusándolos de ser un peligro para la seguridad nacional, caros, de poca garantía y de haber sido un fracaso en otros países como México, entre otras cosas. La respuesta del congresista Villanueva (ver anexo) refuta, una por una, las falsas afirmaciones del representante de Microsoft. Según el parlamentario, los programas de código abierto son la mejor manera de llegar al público y de preservar los datos puesto que no están ligados a un proveedor único y la utilización, mantenimiento y actualización del sistema no dependen de la buena voluntad del proveedor ni de las condiciones monopólicas impuestas por estos.
Según Villanueva, es necesario legislar en torno a la implementación de programas de código abierto para garantizar la igualdad ente la ley y por otro lado, para evitar las grandes deficiencias que los programas propietarios han implicado en el cumplimiento de las funciones del estado ante los ciudadanos. Entre otros casos menciona el de la seguridad nacional, en donde los bugs, o errores en los programas, se hace imposible reparar en el software de código secreto, y sin embargo muy fáciles de enmendar en el sistema de código abierto.
De hecho el proyecto de ley peruana está basado en una visión similar a la que dio origen a los programas de código abierto y es que el ciudadano tiene derecho a conocer toda la información del estado, sin que esto vaya en detrimento de la seguridad nacional.
Argentina una migración necesaria al código abierto
Este segundo país suramericano actualmente debate un proyecto de ley en el congreso que haría mandatario el uso y la migración a los programas de código abierto. Los impulsores del proyecto reconocen los altos costos en los que ha caído el país a causa del uso de programas de código secreto.
Según se plantea en la ley, la adquisición de programas libres implicará también la única contratación y adquisición de estos sistemas. En el documento se invita a las universidades públicas, gobernaciones y municipalidades a adherirse a la iniciativa.
Brasil: nuevo gobierno, nuevo sistema
Toda llegada de un nuevo gobierno implica cambios y nuevos proyectos. En el caso brasilero los nuevos proyectos no pueden dejar de un lado el tema informático. Lula da Silva tiene claro el software libre será una herramienta para reducir el gasto público, así como un medio para estar más a tono con las tendencias mundiales. Según el coordinador del gobierno del Proyecto Software Libre Río Grande do Sur, Marcelo Branco, el nuevo gobierno dará preferencia al uso del software libre en la administración federal. Esto no significa aislamiento, sino un franco intercambio de negocios y de tecnología con el mundo, pero en condiciones de igualdad.
Desde el punto de vista de la balanza comercial, el proyecto muestra grandes potencialidades. Brasil importa por año aproximadamente mil millones de dólares en licencias de software propietario, el doble del presupuesto anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El proyecto no es algo nuevo, en el mismo Brasil ya hay buenas experiencias de cambio a software de códigos abiertos, por ejemplo, en el municipio de São Paulo se ahorraron en un año 135 mil dólares gracias al uso de software libres.
La preocupación de las grandes empresas productoras de software se ha hecho sentir y ha sido el mismo Bill Gates el que ha girado una invitación personal al presidente electo brasilero para asistir a una reunión con representantes de Intel, HP y Microsoft, entre otras, y dar a conocer su punto de vista acerca de los programas de código abierto.
China y una industria propia de la informática
El crecimiento inesperado del sistema operativo Linux en el país más poblado del mundo ha despertado el interés de analistas en la región. Según especialistas de IDC, el código abierto ha facilitado la entrada y aceptación de Linux. De hecho, el gobierno chino rechazó una oferta de Microsoft para la adquisición de programas para el sector público, y prefirió optar por productores nacionales, muchos de los cuales trabajan bajo el sistema Linux.
Según analistas, China está interesada en levantar su propia industria del software, y el sistema de código abierto les permite un inicio mucho menos complicado. De hecho ya hay importantes avances, la Academia de Ciencias China creó, con base a Linux, el soporte denominado Linux Bandera Roja OS que no es más que la adaptación de este programa a las necesidades concretas de los usuarios en esta región del mundo.
Alemania, el Ministro del Interior ya decidió
La decisión del Ministro del Interior alemán Otto Schilly de cambiar los sistemas operativos en las computadoras del sector público a código abierto ha dado un gran respaldo a las tendencias mundiales en este sentido. El ministro firmó a mediados del año pasado un contrato con IBM para proveer computadoras al sector público alemán, las cuales estarán basadas en Linux y no en Windows. Dos razones prioritarias para el cambio: recortar costos y mayor seguridad ya que evitamos el monopolio y disminuimos la dependencia en un solo sistema afirma el funcionario. A esto se suma el propósito de crear diversidad en el campo de la computación.
Y podríamos seguir enumerando casos de países como Pakistán, Turquía, Finlandia que le han dado el visto bueno a los programas de código abierto, experiencias hay muchas incluso en gobiernos locales como el caso de Extremadura en España, en donde se abandonó Windows a favor de Linux.
Las intenciones de los gobernantes por cambiar a estos sistemas más moldeables y seguros responde sólo al mandato de gobernar de la mejor manera que los ciudadanos han depositado. Con más seguridad, menos costos y mejor facilidad en el manejo de la información es casi imposible negar la ventaja que tienen los programas de código abierto sobre los de código cerrado. El cambio de sistema acarrea además un cambio drástico en las condiciones de comercio e intercambio mundial de bienes. Y puede ser la industria de la computación la que lleve la delantera en este campo al modificar el monopolio del copyright y abrir los productos a nuevas dimensiones en el manejo de los usuarios.
¿Cuál es el futuro de las grandes marcas que patentan los software? Por el momento están luchando con sus mejores armas (influencias políticas, mentiras, engaño a la opinión pública, y todo lo que el dinero puede hacer) para que los cambios no se produzcan, pero mientras estos sigan avanzando se verán en la necesidad de cambiar su modelo por un modelo más flexible que les permita continuar existiendo.
Anexo
La carta de respuesta que le envía el congresista peruano Edgard David Villanueva al gerente de Microsoft, Juan Alberto González, es uno de los documentos más importantes en la disputa entre los dos sistemas de programación en computadoras, y es también una muestra de lo que esta disputa ha significado en el campo político. Cabe mencionar que a la carta del congresista le siguieron otras cartas entre ellas una del embajador norteamericano en Perú, respaldando la posición de Microsoft. Nosotros presentamos un resumen de la misiva.
Lima, 08 de Abril del 2002.
Estimado Señor.
Ante todo, agradezco su carta del 25 de Marzo del 2002 donde manifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al Proyecto de Ley Nú 1609, Software Libre en la Administración Pública, que sin duda se halla inspirada en el deseo de que el Perú logre situarse adecuadamente en el contexto tecnológico global. Animado de ese mismo espíritu y convencido de que a través del intercambio de ideas claras y abiertas hemos de encontrar las mejores soluciones, me permito contestar mediante la presente los comentarios incluidos en su carta
Los principios elementales que animan al Proyecto se vinculan a las garantías básicas de un Estado democrático de derecho, como:
∑ Libre acceso del ciudadano a la información pública.
∑ Perennidad de los datos públicos.
∑ Seguridad del Estado y de los ciudadanos.
Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la creación de software libre compatible.
Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por éstos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibilidad del código fuente.
Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran número de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con código espía.
Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información manejada por el estado, cuanto en su condición de consumidores. En este ultimo caso, al permitir el surgimiento de una oferta extensa de software libre desprovisto de potencial código espía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales
En primer lugar, señala que: 1. El proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente software libre, es decir de código abierto, lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la constitución..
Esta apreciación constituye un error. De ningún modo el proyecto afecta los derechos que Ud. enumera; sólo se limita a establecer condiciones para el empleo del software por parte de las instituciones estatales, sin inmiscuirse en modo alguno en las transacciones del sector privado. Es un principio bien establecido que el Estado no tiene el amplio espectro de libertad contractual del sector privado, pues precisamente esta limitado en su accionar por el deber de transparencia de los actos públicos; y en ese sentido, la preservación del mejor interés común debe prevalecer cuando se legisla sobre la materia.
El Proyecto protege la igualdad ante la Ley, pues ninguna persona natural o jurídica esta excluida del derecho de ofrecer estos bienes al Estado en las condiciones fijadas en el Proyecto y sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (T.U.O. por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM)
Agrega Ud.: 3. Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de negocios que apoyaría exclusivamente el software de código abierto, el proyecto sólo estaría desalentando a las compañías fabricantes locales e internacionales que son las que verdaderamente realizan importantes inversiones, crean un significativo número de puestos de empleos directos e indirectos, además de contribuir al PBI vs. Un modelo de software de código abierto que tiende a tener un impacto económico cada vez menor debido a que crea principalmente empleos en servicio.
No estoy de acuerdo con lo que Ud. afirma. En parte por lo que Ud. mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto del peso relativo de los servicios en el contexto del uso de software. Esta contradicción, de por sí, invalidaría su postura. El modelo de servicios, adoptado por gran número de corporaciones en la industria informática, es mucho más significativo, en términos económicos y con tendencia creciente, que el licenciamiento de programas.
Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la más amplia libertad para elegir el modelo económico que mas convenga a sus intereses, aunque esta libertad de elección quede muchas veces oscurecida de manera subliminal por las desproporcionadas inversiones en marketing de los productores de software propietario.
Prosigue su carta: 4. El proyecto de ley impone el uso de software de código abierto sin considerar los peligros que esto pueda conllevar desde el punto de vista de seguridad, garantía y posible violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Aludir de forma abstracta los peligros que pueda conllevar, sin especificar siquiera una sola instancia de esos supuestos peligros, denota cuando menos un desconocimiento del tema. Así, pues, permítame ilustrarlo sobre estos puntos.
Sobre seguridad: Resulta imposible probar es que el software propietario sea más seguro que el libre, salvo mediante el escrutinio publico y abierto de la comunidad científica y los usuarios en general. Esta demostración es imposible porque el propio modelo del software propietario impide este análisis, con lo que la garantía de seguridad se basa en la palabra bienintencionada (pero a todas luces parcial) del propio productor o sus contratistas.
Respecto a garantía:
Como Ud. sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el End User License Agreement de los productos que licencia, en la amplísima mayoría de los casos, las garantías están limitadas a la reposición del medio de almacenamiento si este fuera defectuoso, pero en ningún caso se prevén compensaciones por daños directos o indirectos, lucro cesante, etc.. Si como consecuencia de un bug de seguridad en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por Uds., un atacante comprometiera sistemas cruciales para el Estado: ?que garantías, reparaciones y compensaciones proporcionaría su empresa de acuerdo con sus condiciones de licenciamiento?
Sobre la propiedad intelectual: Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del ámbito en este proyecto, pues se encuentran amparadas por otras leyes específicas. El modelo de software libre no implica en modo alguno desconocer estas leyes y de hecho, la amplísima mayoría del software libre está amparado por el copyright
Afirma luego que: 7. Uno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley es la supuesta gratuidad del software de código abierto, comparado con los costos del software comercial, sin tener en cuenta que existen modalidades de licenciamiento por volumen que pueden ser sumamente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros países. He puntualizado ya que lo que está en cuestión no es el costo del software, sino los principios de libertad de información, accesibilidad y seguridad. Estos argumentos se han tratado de manera extensa en párrafos anteriores, por lo que estimaré remitirse a ellos.
Prosigue: 8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyecto (i) es claramente más costosa por los altos costos que supone una migración y (ii) pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que existen de software de código abierto en
el mercado. Analicemos su afirmación en dos partes. Su primer argumento, el de que la migración supone altos costos es en realidad un argumento en favor del Proyecto. Porque cuanto más tiempo transcurra la migración a otra tecnología esta se tornará mas onerosa; y al mismo tiempo se irán incrementando los riesgos de seguridad asociados con el software propietario. De esta manera, el uso de sistemas y formatos propietarios va haciendo que el Estado se vuelva cada vez más dependiente de proveedores determinados. Por el contrario, una vez implantada la política de uso de software libre (implantación que, es cierto, implica un costo), la migración de un sistema a otro se hace muy sencilla, ya que todos los datos están almacenados en formatos abiertos. Por otra parte, la migración a un entorno de software abierto no implica más costos que la misma entre entornos distintos de software propietario, con lo que su argumento se invalida totalmente.
El segundo argumento refiere a dificultades de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado. Esta afirmación implica un cierto desconocimiento de los mecanismos de construcción de software libre, en el que no se maximiza la dependencia del usuario respecto de una plataforma determinada, como sucede habitualmente en el campo del software propietario. Aun cuando existen múltiples distribuciones de software libre, y numerosos programas susceptibles de ser empleados para una misma función, la interoperabilidad queda garantizada tanto por el empleo de formatos estándar, exigido en el proyecto, como por la posibilidad de construir software interoperable a partir de la disponibilidad del código fuente.
Dice luego que: 9. El software de código abierto en su mayoría no ofrece los niveles de servicio adecuados ni la garantía de fabricantes reconocidos para lograr mayor productividad por parte de los usuarios, lo cual ha motivado que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su decisión de ir por una solución de software de código abierto y se encuentren utilizando software comercial en su lugar. Esta observación es infundada. Respecto de la garantía su argumento ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4. Respecto de los servicios de soporte, es posible usar software libre sin ellos (así como sucede también con el software propietario) pero quienes los requieran pueden adquirir soporte por separado, tanto de empresas locales cuanto de corporaciones internacionales, también como en el caso de software propietario.
Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que nos informase acerca de proyectos de software libre implantados en entidades públicas, que a la fecha hayan sido abandonados en favor del software propietario. Conocemos un buen número de casos en el sentido inverso, pero carecemos de información respecto de casos en el sentido que Ud. expone
Prosigue Ud. diciendo que: 11. El software de código abierto, al poder ser distribuido gratuitamente, tampoco permite generar ingresos para sus desarrolladores por medio de la exportación. De esta forma, se debilita el efecto multiplicador de la venta de software a otros países y por lo tanto el crecimiento de esta industria, cuando contrariamente las normas de un Gobierno deben estimular la industria local. Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento total de los mecanismos y el mercado del software libre. Intenta aseverar que el mercado de cesión de derechos no exclusivos de uso a titulo oneroso (venta de licencias) es el único posible para la industria informática cuando, como Ud. mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni siquiera es el más importante. El incentivo que el proyecto presenta al surgimiento de una oferta de profesionales más calificados, en conjunto con el incremento de experiencia que resultará para los técnicos nacionales el trabajar a gran escala con software libre en el Estado, los colocan en una posición altamente competitiva para brindar sus servicios al extranjero
Finaliza Ud. con una pregunta retórica: 13. Si el software de código abierto satisface todos lo requerimientos de las entidades del Estado _por que se requiere de una Ley para adoptarlo? _No debería ser el mercado el que decida libremente cuáles son los productos que le dan más beneficios o valor?. Estamos de acuerdo que en el sector privado de la economía, es el mercado quien debe decidir que productos usar y allí no sería admisible ninguna intromisión estatal. Pero en el caso del sector público, el razonamiento no es el mismo: Como ya establecimos el Estado almacena, manipula y transforma información que no le pertenece, sino que la ha sido confiada por los ciudadanos que, por imperio de la ley, no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas para salvaguardar la integridad, confidencialidad y accesibilidad de esa informaciones. El empleo de software propietario arroja serias dudas sobre el cumplimiento de estos atributos, a falta de evidencia concluyente al respecto y por lo tanto no es apto para ser usado en el sector público.
La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la materialización de los principios fundamentales antes enunciados en el campo específico del software. Por otro, en el hecho de que el Estado no es una entidad ideal homogénea, sino que esta compuesto de múltiples organismos con diversos grados de autonomía de decisiones. Dado que el software propietario es inapropiado para ser empleado, el hecho de establecer estas reglas en la ley impediría que la decisión discrecional de cualquier funcionario ponga en riesgo la información que pertenece a los ciudadanos. Y, sobre todo, porque constituye una reafirmación actualizada en relación con los medios de tratamiento y comunicación de información empleados hoy en día, sobre el principio republicano de publicidad.
Conforme a este principio universalmente aceptado, el ciudadano tiene derecho a conocer toda información en poder del Estado que no esté amparada en una declaración fundada de secreto conforme a la ley. Ahora bien, el software trata información y es en sí mismo información. Información en formato especial, susceptible de ser interpretada por una máquina para ejecutar acciones, pero sin duda información crucial porque el ciudadano tiene legítimo derecho a saber, por ejemplo, como se computa su voto o se calculan sus impuestos. Y para ello, debe poder acceder libremente al código fuente y probar a su satisfacción los programas que se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de sus impuestos.
Saludo a Ud. con las expresiones de mi mayor consideración, reiterando que mi despacho siempre estará abierto a que expongan sus puntos de vista al detalle que Ud. crea conveniente. Atentamente, Dr Edgar David Villanueva Núñez, Congresista de la República del Perú.n
Camil Zamora es periodista Salvadoreño, casado y radicado en Inglaterra. Ha trabajado en radio y televisión y ha escrito para revistas y periódicos como freelance.
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